201806.11
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Guía breve para reclamar daños ante una Administración Local

Una caída en la vía pública, una inundación producto de una fuga de la traída municipal, una avería en el vehículo al pasar por aquel bache … Hay una infinidad de situaciones en las cuales sufrimos daños materiales y/o personales generadas por el funcionamiento de un servicio público que, en ocasiones, no es prestado con el nivel de seguridad y eficiencia exigibles.

Aunque la regla general que rige es la responsabilidad objetiva de la Administración por cualquier daño sufrido por un particular a consecuencia del funcionamiento normal/anormal de sus servicios (mantenimiento de carreteras locales, red de abastecimiento, luminarias, parques…) ello no exime al ciudadano de tener que seguir un procedimiento determinado y probar, tanto la realidad del daño, como su conexión directa con el servicio público presuntamente causante.

Conviene por tanto perfilar una serie de reglas sencillas para que el ciudadano pueda formular correctamente su reclamación, de forma más rápida, y con mayores visos de prosperar.

1.- Asesoramiento

Si bien el ciudadano puede presentar una reclamación patrimonial ante una Administración Local de forma directa, no está de más apoyarse en ocasiones en profesionales especializados en la materia que conozcan la casuística y puedan encauzar debidamente la reclamación, sobre todo, cuando hablamos de accidentes con graves consecuencias.

2.- Ojo con el plazo. 1 año para reclamar.

Es importante conocer que el plazo para exigir la indemnización de un daño causado por la Administración prescribe al año de producirse el evento causante del mismo o de manifestarse sus efectos. Para mayor claridad. Si estamos ante daños materiales como, por ejemplo, los sufridos por el vehículo al que un mal paso por el socavón le ocasiona la deformación de la llanta, la fecha determinante será la del accidente. Pero si se trata de un accidente con un lesionado, por ejemplo, por caída en la vía pública, la fecha de inicio a considerar será la de expedición del alta médica y determinación de secuelas.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que estamos ante un plazo de prescripcion, lo que significa que lo podremos interrumpir mediante cualquier comunicación fehaciente ante el Ayuntamiento que muestre nuestra intención de reclamar, reiniciándose nuevamente el plazo desde su presentación.

3.- Si eres una empresa o comunidad de vecinos deberás utilizar la sede electrónica.

La vigente normativa de procedimiento administravo impone a las personas jurídicas, comunidades de vecinos, o Asociaciones de cualquier tipo, la presentación de escritos ante la sede electrónica de la Administración, utilizando para ello un certificado digital válidamente reconocido (p.ej: DNI electrónico, o certificado FNMT). Hay que aclarar que todas las Administraciones deben incluir en su web corporativa una página/pestaña específica denominada “sede electrónica” donde el ciudadano que se acredite debidamente puede presentar cualquier tipo de instancia.

Este requisito tiene su importancia puesto que, si el empresario – persona jurídica – utiliza el registro físico del Ayuntamiento, la Administración no considerará presentada la reclamación, requiriéndole a que la presente a través de la sede electrónica. Y lo que es más importante, formalmente, la fecha de presentación será la de entrada en la sede electrónica y no en la sede presencial, por lo que se nos puede pasar el plazo de prescripción si no acudimos, de inicio, a la sede electrónica.

Esta obligación no rige, sin embargo, para las personas físicas cuando actúan en nombre propio. En tal caso pueden presentar su reclamación por ventanilla, en las propias dependencias municipales. Sin embargo, si poseemos un certificado digital a nuestro nombre, realmente es mucho más cómodo presentar los escritos (y que nos los notifiquen ) a través de la sede electrónica.

4.- Hay pocas reglas procedimentales, pero hay que conocerlas.

Hay que saber (aunque solo sea por cultura general) que el procedimiento administrativo y las reglas de la reclamación patrimonial a la Administración se contienen principalmente en dos normas de 2015, las leyes 39 y 40/2015, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, y del Régimen Jurídico del Sector Público, correlativamente. Las reglas y principios no son complicados, ni se exigen formalidades especiales.

5.- Claridad. Quien, qué, cuando, y como.

Es importante ser claros y concisos en la redacción de los hechos. Es decir, que siniestro se reclama, como se produjo, quién lo sufrió, cuando tuvo lugar (precisando día y hora aproximada), y la situación correcta del mismo (calle, número, o punto kilométrico).

Además, es conveniente señalar o aportar ya de inicio los elementos de prueba que respalden nuestras afirmaciones. Fotografías del lugar ( planos generales, fotos a media distancia, y fotografías con mayor detalle), datos de testigos directos de los hechos ( viandantes, dueños de locales cercanos, conductor de ambulancia, …) y cualquier otra documentación que respalde lo expuesto (informe pericial, facturas, presupuestos, …).

5.- Descripción y valoración de los daños.

Es importante describir con la mayor precisión los daños o lesiones sufridos. En el supuesto de daños, lo procedente es servirse de un presupuesto de reparación o factura donde se describan los conceptos e importes a abonar. En el supuesto de producirse lesiones, habrá que aportar necesariamente los informes médicos del curso clínico (parte de urgencias, informes de seguimiento, e informe de alta), e incluso, en casos de gravedad, es muy útil servirse de un informe de valoración de daños personales realizado por un perito médico especialista. Toda la información es poca en este sentido. En el informe de alta estará recogido el diagnóstico de las lesiones que habrá de reproducirse en la reclamación.

La valoración de daños no ofrece problema respecto a aquellos de naturaleza material pues será el propio presupuesto, factura o informe pericial el que determine el importe de la reparación de éstos, que será el importe de la reclamación.

En el supuesto de daños personales, es decir, lesiones, la cosa se complica. La norma no exige que se proceda a su exacta determinación pero si que sean determinables. Es decir, que tengamos los datos que nos permitan calcular los mismos conforme a los baremos vigentes. Se impone aportar por tanto los partes de baja y alta, que nos ayudará a calcular la incapacidad transitoria, e informe médico de las secuelas (lesiones que nos generan una limitación física permanente que antes no teníamos). Es importante para valorar las secuelas aportar el dato de la edad.

Como decimos, si las lesiones personales son de consideración (grandes cicatrices, limitaciones de movilidad…) es casi una necesidad servirse de un informe pericial de valoración del daño corporal que evalúe correctamente los datos clínicos y establezca la valoración de cada secuela. E igualmente de un letrado especialista que enfoque debidamente el proceso. En estos casos se hace bueno el dicho de que lo barato sale caro.

6.- No olvidarse de proponer prueba.

Es bastante habitual leer reclamaciones en las cuales el particular, tras manifestar su versión de los hechos y solicitar la correspondiente indemnización, prescinde de aportar mayor prueba que unas fotografías o mismo un presupuesto de reparación.

Hay que tener presente que corresponde al reclamante probar, tanto la realidad del daño, como las circunstancias de producción de éste. Es decir, de nada vale que presentemos las fotos del vehículo que presuntamente ha sido dañado por unos contenedores de basura “voladores” si no acompañamos prueba de como se produjeron tales hechos. Si hemos tenido la suerte de estar acompañados cuando se produjeron los hechos, deberíamos aportar los datos de posibles testigos (nombre, DNI, y dirección ) para ser citados al expediente Igualmente podemos servirnos de vecinos que han presenciado los hechos o han acudido al lugar instantes después de ocurrir éste.

Para la práctica de la prueba de testigos podemos aportar previamente a la Administración lo que se llama un “pliego de preguntas”, que no es más que un escrito con todas las cuestiones que deseamos que la Administración le formule al testigo. También podremos acudir el día de la citación acompañado de asesores de nuestra confianza.

¿Y si no tengo testigos?

En ocasiones es habitual que no existan testigos directos que hayan presenciado los hechos. En estos casos es aconsejable, en primer lugar, requerir la presencia de la Policía Local justo después del accidente al efecto de que puedan levantar correspondiente informe. O servirse incluso de aquellas personas que, aún no estando en el mismo momento de producirse los hechos, han acudido después de forma inmediata.

No hay que olvidar que la prueba de presunciones puede ser válida para dar por acreditado un hecho aún cuando no exista prueba directa del mismo. Es decir, a partir de elementos periféricos, debidamente probados, podemos determinar que el hecho se produjo tal como dice el reclamante. Para ser más claro, un ejemplo. Si salimos a la calle y hace sol, pero vemos todo el suelo mojado y nubes en el cielo, debemos dar por supuesto que ha llovido. Es un hecho que no hemos presenciado, pero que podemos dar por probado, a través de otros que son consecuencia lógica y directa de aquel.

7.- Tampoco olvidemos pedir intereses.

Al formular la petición de indemnización hemos de añadir la coletilla de que nos sea reconocida la cantidad reclamada más los intereses legales correspondientes a fin de que, si el proceso se alarga, la cantidad pueda incrementarse en el interés legal correspondiente y no perder valor comparativo.

8. Cuanto cuesta y cuanto dura el procedimiento administrativo.

El procedimiento administrativo en sí mismo no supone ningún coste al particular. Sí podrá tener un coste, si el interesado requiere la elaboración de un informe pericial o si, es el caso, desea ser asistido por un abogado que le lleve los trámites. Fuera de esos supuestos es un procedimiento que no conlleva tasa alguna.

El plazo ordinario para resolver el procedimiento es de seis meses a partir de la presentación de la reclamación Pasado ese plazo sin tener respuesta habría que entender desestimada la reclamación por silencio administrativo, pudiendo, a partir de dicho momento acudir a los Juzgados.

¿Y si la Administración contesta después de dicho plazo?

El Ayuntamiento puede (de hecho debe) dictar resolución expresa aún fuera del plazo. En ese caso, si la respuesta es afirmativa, enhorabuena. El silencio administrativo negativo no sería vinculante y habría que estar a lo resuelto expresamente. Si la respuesta es negativa, confirmaría unicamente el sentido del silencio administrativo.

9.- La Administración nos da la razón a medias.

Es éste un supuesto mucho más habitual de lo que parece. En este caso, al igual que sí la Administración desestima íntegramente la reclamación, aún nos queda en la recámara poder formular un recurso administrativo ante la misma, para lo cual disponemos de un mes. Como se puede adivinar, no es un recurso que suela prosperar al ser resuelto por la propia Administración puedan haber pasado inadvertidos.

Fuera de ello, solo nos queda acudir a los Juzgados de lo Contencioso Administrativo. En la propia resolución municipal se deberán dar indicaciones al respecto del órgano y plazo para interponer el correspondiente recurso. Si hemos tenido una estimación parcial, obviamente, el recurso se dirigirá frente a la Resolución pero solo en los aspectos que no nos han sido estimados.

Y hasta aquí una brevísima y esquemática guía de lo que es el procedimiento de responsabilidad patrimonial.

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