201706.26
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El Concello de Vigo condenada a readmitir a una trabajadora y a indemnizarla en 6.000 € por los daños y perjuicios ocasionados.

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El Juzgado de lo Social nº 2 de Vigo, ha dictado una reciente sentencia por la que se declara la nulidad de un despido de una trabajadora  al vulnerar el Concello de Vigo la garantía de indemnidad al extinguir el “contrato de trabajo por medio de una amortización encubierta de plazas, a base de una convocatoria que nunca ha gestionado como tal la plaza ocupada por la demandante”. Es decir, el Tribunal reprocha la actitud del Concello “porque se ampara en una oferta pública que no se corresponde con la determinación clara de su plaza, demostrándose además que se aprovecha la resolución de este concurso para cesar a siete personas adjudicando solamente cuatro plazas”.

Esta novedosa Sentencia, dictada a raíz de demanda presentada por cliente de PdA Avogados, bajo la dirección del abogado Matías Movilla García,  recoge la última doctrina del Tribunal Supremo, que viene a restringir las facultades de las Administraciones Públicas para poder cesar arbitrariamente a trabajadores que han sido declarados indefinidos no fijos por sentencia judicial, a través de supuestos procesos de cobertura reglamentaria de la plaza, que suponen una actuación arbitraria, mucho mas que discrecional, que conculca los derechos de los empleados públicos.

La Sentencia afirma que “estamos ante la situación de quién posee la condición de indefinido no fijo, y no esta cubriendo una particular vacante, pues la naturaleza de su relación se ha generado por la irregularidad de su contratación, sin vinculación directa y expresa, con una plaza pendiente de cobertura”.

Con esta nueva doctrina se protege de manera especial a un colectivo claramente precarizado en los últimos tiempos como son los indefinidos no fijos de las Administraciones Públicas, que ahora vienen obligadas a crear las plazas que se generan como consecuencia de la declaración de indefinición, y a proveerlas reglamentariamente conforme a lo establecido en el art. 28 de la Ley de Empleo Público de Galicia.  Y además exigiendo el Tribunal Supremo, que la plaza esté perfectamente identificada para proceder a la extinción del contrato por cobertura reglamentaria de la plaza.

Dice la sentencia “estamos por tanto ante un supuesto en que la falta de identificación de la plaza, no solo se da respecto de la convocatoria para su cobertura, sino también respecto de la situación de la trabajadora, de la cual solo se acredita que presta servicios en determinada categoría profesional y centro de trabajo. Y, ciertamente, llegados a este punto, las circunstancias en que se inserta el litigio permiten sostener que, dada la referencia genérica en la convocatoria, no existen garantías para considerar que el puesto de trabajo de la actora quedaba claramente afectado

Para justificar, tanto la declaración de nulidad, como de la indemnización de daños y perjuicios, aplica la doctrina del Tribunal Constitucional, de que para establecer la garantía de indemnidad, no es necesaria la intencionalidad del sujeto  agresor, sino simplemente que exista un daño real en el patrimonio jurídico de la trabajadora y así “En el caso ahora enjuiciado concurren estos dos requisitos, pues existe un perjuicio efectivo en el patrimonio jurídico de la demandante —se le niega la posibilidad de consolidar su plaza sacándola adecuadamente a concurso oposición y no se cumplen las sentencias previas, regularizando la situación de la demandante— y una conexión causal…. tras las sentencias favorables que tiene la demandante, existía un derecho consolidado a intentar consolidar su plaza y este derecho se ha hurtado sin causa.”

La sentencia es totalmente contundente al afirmar que “El Concello ha optado por extinguir su contrato sin un ropaje jurídico adecuado que además, conlleva un daño que cercena su derecho a optar a esa plaza, porque estrangula esta posibilidad desde el inicio.”

Con lo que justifica la nulidad y por lo tanto la obligada readmisión de la trabajadora a su puesto de trabajo, puesto que no ha existido una cobertura reglamentaria de su plaza.

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